La licenciada en psicología Paula Kratje, especialista en Salud Mental, docente e investigadora, analizó con dureza los lineamientos del proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental que impulsa el gobierno nacional.
En una entrevista brindada a El Séptimo Día (Radio Plaza), la especialista sostuvo que los cambios propuestos no solo carecen de consenso técnico, sino que desmantelan los pilares económicos que permiten el funcionamiento del sistema.
El nudo de la cuestión: el desfinanciamiento
Kratje advirtió que la reforma apunta directamente a los artículos que garantizan los recursos económicos, lo cual vaciaría de contenido cualquier promesa de mejora en la atención. «El gobierno nacional pretende impulsar un ataque directo a las fuentes de financiamiento. El artículo 32 actual establece que el presupuesto destinado a salud mental debe aumentar progresivamente hasta llegar al 10% de la cartera sanitaria«, explicó la especialista, señalando que actualmente la Nación solo destina un 1,4%, mientras que en Entre Ríos la cifra apenas llega al 2%.
Según la psicóloga, el nuevo proyecto busca eliminar el dato específico de cuánto dinero se debe destinar, dejando al sistema en una vulnerabilidad extrema. Además, denunció la modificación del artículo 41: «El gobierno saca las palabras ‘técnica, económica y financiera’ de la cooperación que la Nación debe brindar a las provincias. Es decir, se corre de dar una respuesta financiera, que es el gran problema actual del sector público».
El debate sobre las internaciones involuntarias
Uno de los ejes más mediáticos de la reforma es la flexibilización de las internaciones involuntarias. Sin embargo, Kratje aclaró que estos criterios ya están contemplados en la legislación vigente de 2010. «Los criterios que la supuesta nueva ley vendría a resolver ya están contemplados en el capítulo 7 de la norma actual. La ley vigente ya contempla la internación involuntaria cuando no hay consentimiento pleno o cuando existe un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros«.
Para la especialista, el problema real no es la ley, sino la falta de infraestructura y recursos. «Hoy ya no garantizamos el derecho a la intimidad, la alimentación adecuada o el espacio para que los familiares acompañen al internado por el deterioro de los servicios», afirmó.
Asimismo, criticó que el nuevo proyecto exija exclusivamente la firma de un médico psiquiatra para estas internaciones, excluyendo a los psicólogos: «Esto va en detrimento de la accesibilidad. En la provincia de Entre Ríos, fuera de Paraná, los psiquiatras en el sector público son poquísimos. Poner esta restricción hará más difícil generar contextos de internación».
De «padecimiento» a «trastorno»: un cambio conceptual de fondo
Kratje subrayó que la reforma propone un giro lingüístico que esconde intereses corporativos. Mientras la ley actual habla de «padecimiento mental», el nuevo proyecto utiliza términos como «trastornos mentales o del comportamiento» basados en manuales de diagnóstico como el CIE-10.
«La idea de padecimiento es mucho más amplia y abarcativa. Con estar sufriendo, nuestra ley actual nos ampara. La nueva propuesta exige un diagnóstico hecho por un psiquiatra para acceder a un tratamiento, lo cual termina engrosando el bolsillo de las corporaciones médicas y de las industrias farmacológicas«.
Un sistema en crisis y el llamado a los legisladores
La entrevista también puso de relieve el contexto de ajuste que atraviesa el sector, mencionando la eliminación del Plan Remediar, el despido de trabajadores en hospitales nacionales como el Bonaparte y la supresión de las residencias interdisciplinarias.
Ante este panorama, y frente a la gravedad de la problemática del suicidio en la provincia, Kratje hizo un llamado a la acción política: «Instamos a que los gobernadores dejen de apoyar a un gobierno nacional que lo único que viene es a saquear y a destruir. Es un llamado a los legisladores y al Ejecutivo provincial para que se sumen al esfuerzo de hacer algo diferente«.
Finalmente, la psicóloga lamentó la falta de diálogo con el sector técnico y profesional. «Hay un silencio que por momentos abruma. Los legisladores no están escuchando al pueblo ni a las personas que tienen conocimiento técnico. Es necesario que la gente pueda interpelar a sus representantes con datos, porque modificar una definición y retirar el financiamiento hace que toda la ley caiga en saco roto«.
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