La reciente media sanción en la Cámara de Diputados de una reforma a la ley de juicio por jurados ha encendido las alarmas en el ámbito jurídico de Entre Ríos. El abogado Miguel Ángel Cullen, representante del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), dialogó con «Simplemente Inocentes» en Vorterix Radio y expresó una profunda preocupación, calificando la propuesta como un «enorme retroceso» para la participación ciudadana en el poder judicial.
La reforma busca limitar la posibilidad de que los ciudadanos actúen como jurados populares, una función judicial a la que habían tenido acceso después de 200 años de exclusión. Para Cullen y el Instituto, esta medida restringe un poder ya otorgado a la ciudadanía.
Argumentos «Pueriles» y la sospecha de incapacidad ciudadana
La justificación principal de esta limitación, según el abogado, recae en argumentos netamente presupuestarios, a los que tildó de «pueriles». Sin embargo, Cullen sugiere que, en el fondo, la reforma esconde una idea más preocupante: la de que «el ciudadano no está capacitado para determinadas cuestiones» judiciales. Advirtió que este precedente podría abrir la puerta a futuras restricciones de otras actividades ciudadanas, como el voto calificado o la postulación a cargos.
En particular, se refirió a las declaraciones de «altas autoridades judiciales» que argumentaron que, en delitos de índole sexual, «el pueblo no tendría las lecturas necesarias como para poder encarar este tipo de delito y arribar a un veredicto justo».
Cullen rebatió esta postura, planteando una pregunta retórica: «¿Por qué un juez técnico tendría la capacidad de juzgar un hecho que ocurrió en un barrio humilde de la ciudad de Paraná y los propios vecinos de ese barrio no pueden estar capacitados?».
Subrayó que el pueblo tiene una «capacidad especial» para abordar hechos y pruebas, incluso en casos complejos como los abusos sexuales, a diferencia de los jueces que pueden estar «alejados de la problemática que están mirando» y con «otro tipo de concepción, otro tipo de cultura, otro tipo de trayectoria histórica».
La paradoja legislativa y la experiencia positiva del Jurado Popular
Uno de los puntos más críticos que destacó Cullen es la paradoja que surge de esta reforma: son los propios legisladores, quienes «por ahí no conocen de derecho ni son abogados», los que «están resolviendo que para atender cuestiones que tengan que ver con causas penales se debe ser abogado». Esta inconsistencia subraya la desconexión entre la norma propuesta y la representación popular.
En contraste con los argumentos restrictivos, el abogado enfatizó la experiencia positiva del juicio por jurados. Los veredictos populares son percibidos como «absolutamente transparentes y horizontales» y gozan de una amplia «aceptación» en la comunidad, lo que ha llevado a una reducción de las protestas y encadenamientos en los tribunales.
En el Instituto de Derecho Penal, han observado una «verdadera revolución» en casos de abuso sexual con los jurados populares, ya que los abogados sienten «muchísimo más tranquilidad» al presentarse ante ellos, sabiendo que «al menos te van a escuchar y se generan debates y son 12 personas que debaten sobre lo que uno plantea».
Debates Pendientes
La ley, que ya obtuvo media sanción en Diputados, debe ser tratada en el Senado. Otro punto de debate es la recurribilidad de los veredictos de absolución. Cullen aclaró que la fiscalía busca esta recurribilidad no por cuestionar la integridad de los jurados, sino porque consideran que la absolución cierra la posibilidad de seguir investigando y pelear por la culpabilidad, mientras que una persona «potencialmente culpable se le da la posibilidad de que tenga una doble instancia».
Finalmente, Cullen lamentó que las instituciones y organismos que participaron activamente en los debates originales sobre la ley de juicio por jurados no fueron convocados inicialmente para discutir esta reforma.
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