Un complejo conflicto se desarrolla en la zona del Parque Costero, en el noroeste de Paraná, donde un grupo de familias que habita el lugar desde hace más de 20 años enfrenta la pretensión de una inmobiliaria, Armándola, que busca recuperar los terrenos para un emprendimiento. La situación, que enfrenta el derecho a la vivienda de familias en condiciones muchas veces precarias con el derecho a la propiedad esgrimido por la empresa, se encuentra actualmente en una etapa de negociación extrajudicial.
Juan Mayer y Martín Mangini, abogados que representan a más de 10 familias involucradas en este conflicto –lo que suma más de 20 personas considerando hijos y parejas–, explicaron en diálogo con Simplemente Inocente que que sus clientes tienen una situación de arraigo fuerte en el lugar, donde muchos nacieron y se criaron, ejerciendo una posesión del lugar de forma ininterrumpida.
«La gente que nosotros representamos nacieron ahí se criaron ahí, tienen una situación de arraigo fuerte a ese lugar y ejercen una posición del lugar de forma ininterrumpida», afirmó Mayer en el piso de Vorterix Litoral.
Martín Mangini complementa que sus clientes «llevaron toda una vida» en ese lugar. Sostienen que, tras tantos años de posesión ininterrumpida, sus clientes han generado un derecho amparado por la ley.
Mangini detalló: «La ley ampara a a hacerte dueño de la cosa digamos directamente hay una figura que se llama prescripción adquisitiva está regulada en el Código Civil Nación que eh justamente este para este marco de que cuando hay un desinterés del dueño de ese lugar por un tiempo prolongado la ley te ampara que puedas hacerte dueño». Mayer añade que, «después de 30 años entendemos que hay un un derecho».
Los abogados ponen en duda la titularidad de la inmobiliaria sobre los terrenos. «Nosotros nunca supimos que es de ellos de la propiedad digamos así que en ningún momento tuvimos constancia de que sea eso sea de él», asegura Mangini. Cuestionan la forma en que Armándola se ha acercado a los habitantes, muchos de ellos con escasa formación y posiblemente sin entender la documentación que se les presenta. «Nos contaban los vecinos esto es lo que no han contado los vecino muchas familias que estaban ahí venía Armándola le decía ‘Esto es nuestro’ y le mostraba dos o tres y gente que capaz no sabía leer le decía ‘Bueno.’ Y lo iba le tiraban abajo la casa la chosa que tenían», relata Mayer.
La forma de proceder de la inmobiliaria es descrita como «discutible» y que «roza muchas veces la línea de lo leal», según la fama que le atribuyen los abogados a partir de noticias y relatos de los vecinos.
Entre los incidentes reportados, Mayer mencionó: «Se prendió fuego se prendió fuego hubo fuego efectivamente hay fotos de los daños a a a una vivienda muy precaria y que por suerte había gente porque si no se hubiese quemado todo».
También se refirieron a la instalación de tranqueras en el camino costero y la presencia de personas ajenas al barrio, a veces portando armas blancas, que «los instigaban y los amenazaban».
Un relato particularmente crudo fue el de un vecino: «Nos contaba una familia que hubo un vecino que falleció y al otro día de fallecer le tiraron abajo a la casa». Acciones como estas, según Mangini, implican que «venir prácticamente de un día para otro y pretender sacar a todos ellos un poco con violencia también».
Actualmente, el conflicto no ha llegado a instancias judiciales. «Ahora estamos aún no hay presentaciones judiciales estamos en etapa de negociación extrajudicial digamos», confirma Mangini.
El objetivo primordial de los abogados es claro: «lo que nosotros queremos es que se le resguarde el derecho a la vivienda esta gente». Aspiran a que, si deben dejar sus hogares, «le den las mismas condiciones con las que tenían». Buscan un acuerdo que pueda formalizarse, posiblemente a través de una mediación o conciliación, similar a una sentencia. «Nunca vamos a dar al brazo a torcer en algo menos de lo que entendemos que le corresponde», sentencian, enfatizando la necesidad de proteger «los derechos de nuestro cliente» y el «interés superior del menor».
Los abogados, que se definen con un rol estrictamente jurídico y no político, reconocen que la problemática ha trascendido el ámbito particular. Han notado el acercamiento de diversos grupos, incluyendo ambientalistas de Paraná, la asamblea vecinalista y la ONG Ecurbano. Si bien valoran la visibilización, Mayer señala que a veces no queda claro si el interés de ciertos grupos es con las personas o más bien político.
Finalmente, los abogados buscan visibilizar que «no puede someter o agarrar y con eso presionar a gente humilde o gente que que verdaderamente tiene un lugar vive ahí desde que nació y no le den nada a cambio y se queden un día para otro en la calle».
Destacan que se trata de terrenos de alto valor potencial, proyectados como un «nuevo barrio privado de para nada». Reafirman su compromiso con una solución que sea «beneficiosa» y que «podamos resolver el problema», garantizando que las familias «si siguen viviendo ahí que puedan seguir viviendo ahí sin sin que nadie los entrometa o si se van a otro lado también que puedan tener una vida digna»
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