El Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) expresó su rechazo a las declaraciones recientes del Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia. Según el funcionario, abogados que visitan establecimientos penitenciarios estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a personas privadas de libertad.
Según el comunicado enviado a EyP, para el CAER, estas afirmaciones carecen de sustento fáctico y pruebas concretas, por lo que las consideran “infundadas y temerarias”, además de afectar la imagen de la profesión y sembrar sospechas injustificadas sobre quienes cumplen un rol fundamental en el sistema judicial.
El Instituto recordó que el Ministro, como funcionario público, tiene la obligación legal de realizar las denuncias pertinentes cuando detecta posibles delitos, en lugar de emitir declaraciones generalizadas en medios de comunicación o redes sociales que comprometan los principios básicos del Estado de Derecho.
Asimismo, el acceso de los abogados a sus defendidos es una garantía constitucional que no puede ser vulnerada ni puesta en duda sin pruebas. Desde el CAER instaron a Roncaglia a reflexionar sobre sus afirmaciones y, con el mismo nivel de difusión, reafirmar el respeto hacia la labor de los profesionales del derecho, cuya función es clave para garantizar procesos penales justos y conforme a la Constitución.
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