El Senado se prepara para reanudar en comisión el debate del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el gobierno de Javier Milei. Una de sus modificaciones apunta al Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionado en 2011. La letra chica encendió alertas en la oposición y también entre los bloques dialoguistas.
El Gobierno vuelve a poner en discusión la ley sancionada durante la gestión de Cristina Kirchner, que busca limitar la propiedad de la tierra en manos de extranjeros para preservar la soberanía sobre los recursos naturales.
La primera avanzada fue con el decreto 70/23, firmado por Milei a los pocos días de asumir. En esa oportunidad, la Casa Rosada intentó derogar esta y otras normas. Finalmente, la derogación quedó suspendida por una medida cautelar. Ahora, el oficialismo busca modificar la letra chica a través del proyecto que el Senado trata en comisión.
¿Qué dice la ley actual de tierras?
En términos generales, la ley sancionada en 2011 establece que las personas o empresas extranjeras no pueden ser dueñas de más del 15% del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, fija un límite por nacionalidad: dentro de ese 15% global, las personas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30%, es decir, el 4,5% del total de un territorio.
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Mariano Fuchila
Además, la normativa indica que un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1000 hectáreas en la “zona núcleo” o su equivalente en otras regiones.
Y, por último, la ley prohíbe la venta a extranjeros de tierras que contengan cuerpos de agua permanentes y de importancia, como ríos, lagos o glaciares, o que estén en zonas de seguridad de frontera.
En diálogo con este medio, desde el Ministerio de Desregulación que conduce Sturzenegger defendieron la iniciativa. Señalaron que “la Constitución establece la igualdad de derechos y es la base del proyecto liberal de Argentina para que pueblen los inmigrantes”.
Además, advirtieron que “si se limitan las facultades de la propiedad (a quién se le puede vender), la propiedad vale menos, y se traban inversiones”.
¿Qué propone el proyecto del Gobierno?
En los fundamentos del proyecto libertario, se cuestiona la normativa vigente al señalar que “implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos”.
Con esa premisa, el gobierno de Milei cambia “el enfoque” y apunta a concentrar “los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos”.
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“De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional”, sostiene el proyecto oficialista.
Sin embargo, el artículo 4 del texto generó reparos en la oposición. Desde el peronismo señalaron, en diálogo con este medio, que tal como está redactado, “altera todo el proyecto”. Es que, si bien el texto prohíbe la titularidad de dominio o posesión de tierras a entes gubernamentales extranjeros, agrega una aclaración: “Excepcionalmente, podrán ser titulares de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional en los casos en los que la operación no constituya un riesgo para la seguridad, la defensa y la soberanía nacional”.
Esa “excepcionalidad” quedaría en manos del organismo de aplicación. Por eso, desde la oposición ponen el foco en ese punto y plantean que, como mínimo, debería pasar por el Congreso.
Senado: los pasos a seguir
La intención del oficialismo es llevar el proyecto al recinto el miércoles 29, junto con el pliego del juez de Casación Carlos Mahiques, ratificado en su cargo por cinco años más la semana pasada en comisión, y con la iniciativa impulsada por la radical Carolina Losada, que busca agravar las penas en casos de falsas denuncias.
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Pero, para llegar a votación en el recinto, el oficialismo deberá reunir las firmas en comisión. Y, si bien los bloques “dialoguistas” vienen acompañando a Patricia Bullrich en las votaciones, ya expresaron reparos sobre este proyecto.
Las miradas están puestas, sobre todo, en el capítulo de la ley de Tierras, así como también en el que busca modificar la Ley 27.453, que declara de interés público la integración socio-urbana de los barrios populares registrados en el Renabap.
El desafío que tiene el Gobierno, con Bullrich a la cabeza, es encontrar una redacción intermedia que conforme a los dialoguistas sin alterar el espíritu de la ley libertaria.
Por lo pronto, al cierre de esta nota, el plenario de comisiones previsto para esta semana seguía sin figurar en la agenda.
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